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5 de julio de 2020

Juzgarán a 4 policías acusados de “proteger” a Juan Ignacio Suris




Cuatro policías irán a juicio acusados de proteger a una presunta banda narco que habría operado en esta ciudad bajo las órdenes de Juan Ignacio Suris, de la cual además supuestamente formaron parte al menos durante un año.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense juzgará a los procesados Javier Eduardo Urbano (42), Alberto Luis González (49), José Luis Galarza (43) y Alberto Rosamel Dodero (55), luego de que el 12 de junio el juez federal N° 1, Walter López da Silva, dispusiera el cierre de la etapa de instrucción de la causa y su elevación a juicio.
El sumario es un desprendimiento de la investigación, desde 2012, de una asociación ilícita dedicada al “tráfico ilegal de estupefacientes”, integrada por “su líder, Juan Ignacio Suris”, su hermano Guillermo, Gustavo Rodolfo Sequeira, Martín Cruz Ocampos, Juan Ramón Romero Miranda, Aníbal Mario Arce, Yolanda Corina Jiménez, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, Fernando Alexis Bond Stork, Sandro Cristian Miranda y Tamara Brasilina Jiménez.
“De allí se desprendía que algunos sujetos vinculados con las fuerzas de seguridad podrían haber brindado cobertura policial a la organización criminal, por lo que se extrajeron copias de algunas actuaciones de interés (principalmente escuchas telefónicas entre ellos) y se ordenó formar el presente sumario”, explicó el exfiscal federal N° 1, Antonio Castaño, en su requisitoria de elevación a juicio del expediente.
Entre los policías involucrados se pudo identificar a estos cuatro.
“El ilícito achacado a los imputados consiste en haber formado parte de la banda narco al menos durante 2013, siendo su función la de proteger al resto de los miembros de ser descubiertos en su accionar delictivo, valiéndose para ello de sus funciones, obstaculizando la investigación desarrollada por este Ministerio Público Fiscal y facilitando la comisión de la actividad en infracción a la ley de drogas”, agregó Castaño en el pedido formulado en octubre pasado.
Para el exfiscal quedó probado que los uniformados “mantenían fluida relación” con Juan Suris y “participaban en la asociación ilícita, siendo en el caso coautores del delito de pertenencia a una banda de tres o más personas destinada a cometer delitos, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Para su configuración penal, la asociación ilícita requiere un acuerdo de voluntades de 3 o más personas previo de los imputados, con vocación de cierta permanencia durante el tiempo en que se registren los delitos.
“El aspecto subjetivo consiste en la intención de pertenecer a esa sociedad criminal y en el conocimiento de la ilicitud de esos planes delictivos con indeterminación”, analizó Castaño.

Los roles de cada uno


A Urbano, nacido en la Base Naval Puerto Belgrano, se le endilga haber “alertado” a Suris sobre el allanamiento que se iba a realizar en su inmueble, “frustrando de esta manera el resultado del procedimiento”.
Respecto del neuquino Galarza, una vez que los hermanos Suris estaban en conocimiento de los allanamientos que se realizarían, “los asesoró para radicar una 'denuncia penal' a fin de intentar presentar a Juan Ignacio Suris como víctima de un accionar policial ilegal, haciendo pasar a su hermano Guillermo por él para efectuar la presentación”.
En el expediente consta que durante 2013 “Galarza mantuvo 109 llamadas con Juan Suris, lo que demuestra la habitualidad de trato y su participación en la organización delictiva”.


Al igual que en el caso de Urbano, las conversaciones implicaron una violación a sus deberes como funcionario público, de acuerdo con la presentación del extitular de la Fiscalía Federal N° 1.
“En lugar de denunciar o hacer saber a los encargados de dirigir la pesquisa acerca de que Suris había sido anoticiado de los procedimientos, para permitir que estos actúen de inmediato y buscar el modo adecuado de proceder, Galarza se mostró como fuente de consulta y asesoramiento para el investigado”.
“Se convirtió en un respaldo interno, otorgándole de ese modo un mayor margen de acción a Suris y generando como consecuencia fragmentación y debilitación de la fuerza de seguridad como unidad y de la justicia como conjunto”, planteó la requisitoria.
Dodero, oriundo de Mayor Buratovich, “también recibió instrucciones y órdenes de parte de Juan Ignacio Suris”.
A modo de ejemplo se citó la ocasión en que Suris “le requirió a Dodero que haga retirar el patrullero ubicado en Francia 428 (domicilio de Yolanda Jiménez), dado que allí se comercializaban estupefacientes”.
En 2013 el procesado mantuvo 124 comunicaciones desde su teléfono con distintos números de Suris, como también se contactó con Guillermo (su hermano), Yolanda Jiménez y Ezequiel Ferrari Reynoso.
“Todo ello comprueba que Dodero acataba las órdenes de Juan Ignacio Suris, quien resulta ser el jefe de la organización criminal, cumpliendo el rol de evitar que los miembros de la Policía obstaculizaran las actividades ilícitas”, expresó Castaño en el escrito que aceptó el juez.
Por último, se cree que González gestionaba la “liberación de zonas” para permitir que el cabecilla de la banda “colocara a alguno de sus punteros en el barrio Villa Mitre” para la venta de drogas.
Ese mismo año, el oficial acusado –también nativo de Puerto Belgrano- intercambió 36 llamados con diferentes líneas de Juan Suris.
“El rol que González cumplía en la asociación ilícita quedó verificado por su poder para evitar el avance de las investigaciones contra la banda”.

Incumplimiento
de los deberes


Otro delito. Los policías también están acusados de incumplimiento de los deberes, que sanciona al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes; o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Libres. Los cuatro imputados llegarán al debate en libertad porque el magistrado López da Silva los procesó sin prisión preventiva.

Jefe policial. Inicialmente en la causa también se había imputado al comisario inspector Gustavo Cheppi, pero luego el juez le dictó la falta de mérito y más tarde fue sobreseído. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones revocó este año ese sobreseimiento y nuevamente se investiga al jefe policial en relación con el caso.

Nuevo juicio.
Suris y la supuesta banda tendrán que ir nuevamente a juicio. El primer debate, que había terminado con la absolución de todos, fue anulado por Casación.

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