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16 de julio de 2020

Este es el histórico fallo de la Corte Suprema para garantizar agua del Atuel


La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió fijar hoy como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza.


Este fallo es un gran triunfo judicial y político para La Pampa. Similar al de 2017, cuando el máximo tribunal ratificó que el Atuel es interprovincial.

Mendoza, a partir de las negociaciones entre 2018 y 2019, había propuesto largar 1,3 m3/s para nuestra provincia y llegar a 2,6 m3/s en cinco años. En tanto, La Pampa reclamó inicialmente 3,4 m3/s, para pasar en forma progresiva a 4,5 m3/s en un año. Ahora la Corte fijó el valor en 3,2 m3/s.

El caudal fijado es una meta interina: la Corte apeló al Principio Ambiental de Progresividad, que tiene en cuenta el alcance gradual de objetivos, para lo cual se deben establecer metas interinas y metas finales.

En este caso, al perseguirse una recomposición natural del ecosistema, no puede conocerse anticipadamente el tiempo necesario para alcanzarla.

Por ello, ordenó que el caudal de 3,2 m3/s sea monitoreado por un programa que deberán fijar las partes con el fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en el mantenimiento de la biótica, salinidad y niveles freáticos.

Así la Corte Suprema expresamente estableció que el caudal fijado es solo una meta interina. Para la meta final deberá determinarse en forma definitiva el caudal hídrico apto para la recomposición del noroeste pampeano.

El Tribunal, en sus argumentos a los que accedió Diario Textual, precisó que ese es el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano.

La Corte falló con el voto mayoritario suscripto por los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El otro juez, Carlos Rosenkrantz, adhirió en líneas generales a ese voto pero tuvo algunas otras consideraciones.

Los jueces que tuvieron el voto mayoritario recordaron que las jurisdicciones no habían arribado a una solución sobre el punto, razón por la cual correspondía que el tribunal definiera el curso de acción a seguir, de acuerdo a lo establecido en su pronunciamiento del 22 de mayo de 2018.

Dijeron que los términos de la cláusula ambiental de la Constitución Nacional  permiten afirmar la existencia de deberes positivos en cabeza de los particulares y del Estado para la defensa del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Precisaron que estos deberes se desarrollan en la Ley General del Ambiente y en el Código Civil y Comercial de la Nación de modo coherente, tanto en el ámbito público como privado.

(Diario Textual)
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