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23 de julio de 2020

Armados: cuáles son los límites entre la legítima defensa y el exceso de la legítima defensa


La semana estuvo convulsionada por el debate que se generó luego de que Jorge Ríos, un herrero jubilado de 71 años fuera asaltado y torturado en su casa de Quilmes oeste, hiriera a uno de los ladrones, lo persiguiera y lo asesinara a metros de la vivienda. Ahora, cumple prisión domiciliaria porque la UFI N°1 a cargo de Ariel Rivas, lo acusa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En medio del auge de la discusión sobre la figura de la legítima defensa y la condena a la “justicia por mano propia”, otro hecho casi idéntico ocurrió en Mar del Plata, donde un jubilado de 81 años que fue abordado por una banda de asaltantes, tomó una escopeta y asesinó a uno de los ladrones, de 23 años. En este caso, se iniciaron actuaciones por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y se le imputó al jubilado la tenencia ilegal de la escopeta.

Más allá de lo tremendo y la brutalidad que exponen estos casos, el debate y la discusión entre la sociedad continúa porque, como ocurre en los casos policiales más extremos, el dictamen del Código Penal se mezcla con los sentimientos y lo que cada uno cree que debería o no ser correcto.

“En este caso es importante configurar el hecho: cuando el adulto mayor le dispara a esta persona que termina muriendo, esta persona estaba huyendo. Con lo cual, por más que el robo haya sido violento, la discusión teórica ahí es si uno puede habilitar que el medio para repeler la consumación de un robo es dispararle por la espalda a una persona. Mientras se investiga si la acción del hombre de 71 años es reprochable o no, la regla es que esta persona debe estar en libertad. No deberíamos perder ese horizonte”, señaló el abogado penalista Mauro Benente a Cosecha Roja.



El Código Penal, en su artículo 34 señala que para que se pueda pensar en una legítima defensa si hay una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

“Es importante hacer referencia a la evolución del Derecho Penal, antes se habilitaba que uno podía reaccionar ante otro y podía castigar, el Estado se fue apropiando de eso y el único que puede aplicar una pena es el Estado, ahora la víctima puede constituirse en querellante, pero no castigar. Se entiende que la pena tiene que ser racional y razonable frente al delito”, marcó el doctor Raúl Superti, experto en derecho penal.

Por caso, el propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que el jubilado de 71 años actuó en “legítima defensa” y cuestionó el accionar de la Justicia en el tratamiento de estos casos. “No se levantó con la intención de dañar a nadie y fue agredido por cinco delincuentes”, dijo el funcionario.



Por su parte, el abogado defensor del jubilado quilmeño, coincidiendo con estas definiciones, ensayó el argumento de que el tiro que terminó con la vida de Franco Moreyra se produjo en el domicilio del hombre, por lo que le cabrían las consideraciones que establece el artículo 34.

“La autopsia descarta ese tiro final. Cuando uno dispara a 60 centímetros se produce una quemadura de quien recibe el impacto por la temperatura a la que sale la bala. Eso no está en el cuerpo. Otro elemento a tener en cuenta es que es el arma (del jubilado) es una Bersa 9mm. Son balas trazantes, no perforantes. En este caso, a tan corta distancia, lo tendría que haber pasado de lado a lado. Y la bala no impactó en el piso”, marcó el letrado Hugo Icazati.

Ocurre que, si se comprueba que el hombre mató al delincuente mientras estaba indefenso, le cabría la pena de homicidio culposo, que va de 1 a 5 años de prisión, establecida en el artículo 35 del Código Penal, que habla sobre “el exceso de la legítima defensa” y señala que el que hubiere excedido los límites impuestos por la Ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.

“La Argentina no incorpora la pena de muerte, está prohibida porque hay compromisos internacionales que tienen nivel constitucional. Quien sufre un delito, no tiene derecho a castigar al atacante, sí a defenderse. Si el objetivo es detener la agresión, es legítima defensa; si su acción fue excesiva, si hay desproporcionalidad entre ambos hechos y si pasado un tiempo y luego se castiga, no aplica la legítima defensa”, detalló Superti.



Lo mismo ocurrió en otros casos donde los asaltados se volvieron contra sus agresores y les provocaron la muerte, el límite es fino y se mezclan las emociones pero por eso existe un ordenamiento jurídico que le pone un marco regulatorio a estas acciones.

En este contexto, se prevé que el caso de Ríos pueda ser tratado ante un juicio por jurados, un tipo de enjuiciamiento vigente desde 1853 y que está vigente por ley en la Provincia de Buenos Aires. Como hay antecedentes de casos de asesinatos a ladrones en ocasión de robo por parte de ciudadanos, la defensa del hombre apela a esta posibilidad.

“En lugar de que una persona sea juzgada por jueces profesionales, que son en su gran mayoría hombres de clase media alta, los evalúa un grupo de personas -que en general incluye igual cantidad de hombres y mujeres- con distintas trayectorias y sensibilidades”, marcó el abogado Andrés Harfuch.

En Buenos Aires, se compone por 12 integrantes que deben tener entre 21 y 75 años y se eligen por sorteo en base a los padrones electorales. Desde la defensa apelan a esta opción ya que entienden que al ser ciudadanos “comunes”, pueden comprender o empatizar con el juzgado.



“El jurado popular, actúa en base a una serie de instrucciones que les da un juez técnico, no tienen un estudio en el derecho pero sí tienen acceso al material jurídico, no se queda librado a lo que crean, se trabaja un fuerte impronta técnica, el jurado actúa dentro de ese marco”, destacó Superti.

(Diputados Bonaerenses)
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