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23 de junio de 2020

La trama detrás de la pelea por el millonario salvataje del IOMA a clínicas privadas



Desde hace varias semanas comenzó a circular el rumor de que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) tendría entre sus planes futuros la compra de clínicas privadas, tema que levantó polvareda en la oposición, produjo fuerte rechazo en algunos sectores de la salud y se volvió a reactivar con el millonario programa salvataje que Axel Kicillof presentó esta semana.

En este marco, serían por lo menos tres los establecimientos con los cuales las autoridades de la mutual bonaerenses estarían dialogando. Si bien desde la Provincia se encargaron de negar categóricamente esa posibilidad, en las últimas horas recobró fuerza esa información.

El Instituto del Diagnóstico, el hospital Sudamericano y el Español, todos de La Plata, estarían en la mira del IOMA que, aprovechando la compleja situación económica y la caída en la atención que atraviesan por la pandemia, comenzarían a tentar a sus dueños.

Hace apenas unos días, el titular del IOMA, Homero Giles, mantuvo una reunión con la Comisión de Salud del Senado bonaerense, a cargo del legislador kirchnerista Gustavo Traverso. Después de ese encuentro todavía tomó más volumen la posibilidad.


En este sentido, varias fuentes parlamentarias que participaron del convite les confirmaron a Diputados Bonaerenses que Giles descartó la idea “por el momento” pero reconoció la intención de que “cuando el IOMA tenga superávit financiero”, se avance en la compra de clínicas, emulando la forma de trabajo que tiene el PAMI a nivel nacional.

"Dijo que tenían varias ofertas de empresarios privados, pero que en este momento no era prioridad para la Provincia su adquisición. Pero que en un futuro puede ser que se opte por tener algunos prestadores propios, es una opción como la ha tomado PAMI en algún momento", dijo Traverso después de la reunión a un medio provincial. Calcado a lo que dijeron el resto de los asistentes a este portal.

Según pudo reconstruir Diputados Bonaerenses, por lo menos existe una oferta que ya tiene condiciones. Los dueños del Instituto del Diagnóstico les acercaron a los integrantes del directorio de la obra social una oferta a diez años, en dólares, y en el que le venta se podría concretar en cuotas y mediante la forma del leasing.

Dado este escenario, desde algunas agremiaciones médica advirtieron que esta “pamización” del sistema llevaría a que sus afiliados no puedan elegir libremente con qué profesionales de la salud atenderse y, en una solicitada, remarcaron que el Ministerio de Salud tiene un plan para “dominar el mercado, abaratar costos y precarizar tanto las condiciones laborales de los profesionales como la calidad de la atención".

La presentación del plan de salvataje a las clínicas privadas de la que el propio titular del IOMA participó con el ministro de Salud Bonaerense, Daniel Gollan y el gobernador Axel Kicillof, reforzó todavía más la versión, que en el encuentro de la Cámara Alta, el presidente de la obra social reconoció fuera micrófono.

El plan de ayuda anunciado por Kicillof para salvaguardar las empresas privadas de la salud supone una inversión de $400 millones mensuales para aliviar la crisis del sector, lo que se traduce en un auxilio financiero que las firmas podrán devolver hasta en 12 cuotas sin interés.

Algunos ven en el convenio rubricado entre IOMA y la asociación de clínicas (ACLIBA) y la federación de clínicas y sanatorios (FECLIBA), el primer paso para avanzar hacia la adquisición de otros centros de salud que sufran una desfinanciación producto de la crisis económica que acrecentó el Covid-19.

Sin embargo, otros sectores dieron el visto bueno al convenio, sobre todo teniendo en cuenta la grave situación económica que atraviesan las instituciones privadas por la caída de la demanda de las prestaciones médicas, lo que pone en riesgo el pago de los salarios de los profesionales de la salud y empleados en general.

Además, a ese desplome en la atención hay que sumarle un desfasaje sobre el precio de los insumos y el de cada paciente con coronavirus que atienden, teniendo en cuenta que reciben mucho menos de lo que cuesta asistirlos. Por tal motivo, desde la oposición arguyen que muchas clínicas no estarían en condiciones de devolverlo.

Sin embargo, por debajo del préstamo de 400 millones y la posible compra de clínicas privadas, aparece un tema mucho más complejo: el cambio del modelo prestacional, de módulos a la cápita. Este mecanismo es identico que se utiliza en PAMI a nivel nacional y que ha cosechado un sinfín de críticas.

El sistema de capitación, supone el pago por persona por un período de tiempo. Es decir, que a cada institución de salud se le asigna un número de pacientes potenciales abonados a un valor fijo, estimado en un tiempo determinado que podría ser dividido por mes o incluso por año.


Esto no garantiza que, el número de pacientes cobrados, sea exactamente el mismo que el de personas atendidas, por lo que dejaría la puerta abierta para varias instituciones privadas reciban los montos y que ese dinero que ingresa a sus arcas sea mucho más cuantioso del que realmente destinan a la atención.

La mayoría de las agremiaciones de médicos se manifestaron en contra de este posible cambio en el sistema prestacional, ya que corta la posibilidad a los afiliados de elegir libremente, no habría demasiada oferta para los mismos y, por lo tanto, deberían seleccionar entre pocas clínicas que pertenezcan a la obra social.

Esta modificación de modulo a cápita, perjudicaría a los empleados estatales de la provincia. Hoy por hoy, en relación a la recaudación y la cantidad de prestaciones que ofrece, IOMA está catalogada como una de las mejores de Argentina, en algunos casos cubriendo más necesidades que las prepagas. Empero, los reclamos de los afiliados son constantes y graves.

“Si bien rechazó hacer un cambio en lo inmediato, Giles dijo que veía con buenos ojos algunos aspectos del sistema de capitación”, dijo a Diputados Bonaerenses uno de los legisladores que tuvo la oportunidad de escuchar al titular del IOMA.

Por otra parte, este escenario provocó el temor de varias instituciones privadas, teniendo en cuenta que, en caso de que finalmente se modifique el sistema, no se sabe si las cápitas estarán destinadas solamente a los sanatorios que pertenezcan a la mutual, o si por el contrario abrirán el juego para el resto de los privados. Ahí está la cuestión.

El Instituto del Diagnóstico pertenece a un grupo privado que además tiene otras instituciones como el Instituto Médico Platense y la Clínica del Niño. Según pudo saber Diputados Bonaerenses, el socio mayoritario tendría la decisión de deshacerse del primero de ellos, por lo que la intención sería venderlo, y los cañones están puestos en una oferta elevada a IOMA.

Incluso se habla de la creación de un fideicomiso con fondos nacionales y de la obra social de los estatales para comprar el Instituto del Diagnóstico, con un monto que rondaría los 6 millones de dólares. Los socios minoritarios estarían al tanto de que la clínica está en venta, dándole la posibilidad de mejorar ese precio para comprarlo. En caso de que no poder hacerlo, los socios mayoritarios podrían desprenderse de la entidad.

En la presentación en conferencia de prensa del “Programa de Sustentabilidad del Sistema Sanatorial”, Kicillof remarcó que "veíamos que el sistema de salud estaba fragmentado, sin coordinación y funcionamiento racional", y al mismo tiempo, añadió que "queremos darle una lógica al sistema de salud provincial. Y para eso vamos a diseñar una batería de acciones para mantener al privado".







En ese camino, desde el Gobierno comenzaron a trabajar en conjunto con ACLIFE y FECLIBA, las dos cámaras que nuclean a la mayoría de estas instituciones para acordar un conjunto de medidas direccionas a sostener al sector de la salud privada, al menos, mientras dura la pandemia en el territorio bonaerense.

Sin perder tiempo, desde la Junta Interna de ATE emitieron un comunicado en el que no dudaron en catalogar como una “estafa”, la integración del sistema de salud. “Se trata de un verdadero vaciamiento de IOMA, a favor de los privados, con fondos que no son públicos, sino el aporte y esfuerzo de miles de trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires”, dijeron.

En sintonía, afirmaron a Diputados Bonaerenses que “nos parece una locura porque IOMA tiene en su ley de creación la libertad de elección del prestador”. “No es el camino con efectores propios, donde cada afiliado ya no elige el profesional que lo asiste, sino que capita en una clínica y tiene que atenderse con el médico que le asigne la obra social”, añadieron.

En tanto, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) también manifestaron su rechazo. “Los recursos del IOMA no son del Estado, sino que conforman un patrimonio colectivo indiviso del cual los trabajadores estatales somos titulares. Por lo tanto, el necesario salvataje a clínicas y sanatorios privados debía realizarse con recursos públicos, ya sea del Estado provincial o a través de fondos nacionales”, dijeron desde la AJB.







Desde CICOP marcaron que “la medida implica una verdadera desviación de los recursos de IOMA para salvar a las empresas de la salud privada, estamento en donde impera un fuerte componente lucrativo y en las que los trabajadores son el eslabón más débil de una cadena que lejos suele estar de ser virtuosa”.

El desglose de algunos datos que recopilaron desde el Ejecutivo, da cuenta que la disminución del nivel de ocupación cayó alrededor del 20%, mientras que las prácticas y los procedimientos médicos se redujeron durante los primeros días de abril en torno al 47,5% con relación al mismo período 2019.

Asimismo, en relación al diagnóstico por imagen y las consultas ambulatorias, mermó un 83%. En contrapartida, debido a la crisis económica y las variaciones del precio del dólar se registró un incremento de los valores de insumos y equipamiento que ronda el 50%, siempre de acuerdo a los datos de la Provincia.



El escenario es complejo, ya que no se sabe si las instituciones van a poder aguantar económicamente, teniendo en cuenta que la caída en la atención por la propagación del Covid19, perjudicó considerablemente sus ingresos. Por lo tanto, tampoco cuentan con la seguridad de que el préstamo recibido de la obra social, puede ser devuelto en tiempo y forma.

En el caso de que eso suceda, abriría la puerta a un conflicto mucho más profundo, con un endeudamiento que podría significar el cierre de varias clínicas. De allí que algunos desconfían que la supuesta asistencia de IOMA podría significar el vaciamiento de las clínicas para poder comprarlas y así asegurarse el cambio en el sistema de atención.

Como publicó este medio, el tema también desembarcó en la Legislatura mediante dos pedidos de informes del bloque de Juntos por el Cambio. Fue la diputada radical Alejandra Lordén la que hizo foco en esa posibilidad y pidió saber conocer “qué tipo de garantías de recupero de la inversión dispondría el Estado, si ha tomado o tomará seguros de caución”. “Ante la hipótesis de conflicto por el no pago, ¿IOMA perdería esos recursos?, ¿Sería IOMA propietario de clínicas y sanatorios?, ¿Participaría del gerenciamiento?”, se preguntó la legisladora.

De todos modos, la principal traba para ello es que se necesitaría cambiar la ley fundacional de IOMA, que estable la libre elección del prestador, por lo que el traspaso de los módulos a la cápita sería un paso difícil para el Gobierno bonaerense, aunque no se descarta que ese cambio pueda salir por decreto.

Un dato que alimenta el rumor es que, a la Agremiación Médica se le termina el convenio con IOMA y hasta el momento no han sido convocados para renovar ese vínculo, profundizando todavía más las sospechas del cambio en el sistema de atención que, en caso de efectivizarse, podría traer aparejado también la reducción de puestos laborales en los centros de salud.


El hermetismo es grande. “No hay nada”, repitieron desde la obra social a este portal en todas las oportunidades que se consultó. Sin embargo, hay ofertas sobre la mesa, planes a largo plazo y, claro, el temor de parte de trabajadores, afiliados y la comunidad médica.

(Diputados Bonaerenses)
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