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6 de marzo de 2020

Por primera vez en la historia destituyen por violencia de género a un juez bonaerense





Por unanimidad este jueves por la tarde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires destituyó de su cargo al juez de familia de Olavarría Claudio García.

Según reconstruyó Diputados Bonaerenses, se trata de una decisión histórica dado que es el primer magistrado que llega al banquillo y es removido por violencia de género en la historia de la Justicia bonaerense.

El veredicto y la sentencia al juez, designado con prestación de acuerdo del Senado bonaerense por María Eugenia Vidal, se leyó esta tarde en el edificio anexo de la Cámara alta, en la esquina de 7 y 49, en La Plata.



El titular del juzgado de familia N°1 de Olavarría había sido denunciado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por acoso sexual y violencia laboral a una trabajadora de ese distrito.

“Es una sentencia ejemplar que estábamos esperando, es un triunfo porque es un antecedente único”, destacó la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la AJB, Débora Bertone, a Diputados Bonaerenses.

García también fue inhabilitado para ejercer la función pública. “La compañera tuvo la valentía de denunciar un tema tan sensible y a un magistrado en un contexto donde la jerarquía es muy marcada”, evaluó Bertone.



En las audiencias públicas que formaron parte del proceso de debate oral del Jury, el magistrado de Olavarría se defendió diciendo que su “conducta fue moralmente reprochable, pero no punible”.

Otra arista importante del caso es que pone en cuestión el sistema de selección de magistrados, histórico reclamo de los trabajadores que sostienen que debe ser plural, con participación ciudadana, transparente, democrático y con perspectiva de género.

“Realmente este magistrado hacía pocos meses que había sido designado e inmediatamente incurrió en estos hechos de acoso, es muy preocupante que estos hombres lleguen a estos espacios de poder”, sostuvo Bertone.

Además reafirma la necesidad de que se cumpla efectivamente con la capacitación obligatoria estipulada por la Ley Micaela, que debe contar con la participación del sindicato y de un área de políticas de género de la Suprema Corte.

(Diputados Bs As)
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